por Paula Ballesteros
En un Estado de Derecho disfrazado de democracia, al menor se le trata como a un rebaño de ovejas, cosa por otra parte nada diferente de la justicia con la que los ciudadanos adultos nos sentimos tratados. La palabra democracia viene muy grande para referirse al gobierno bajo el que estamos. El ciudadano de a pie comprueba con estupor cómo bajo el disfraz demócrata se esconde la tiranía de unas leyes prohibitivas y castrantes de derechos fundamentales como ser libre.
Hemos llegado a dudar de todos esos organismos que bajo nombres biensonantes, esconden nidos de corrupción que a la ciudadanía le cuestan la parte de los impuestos que pagaríamos con gusto si los servicios que publicitan fuesen reales. Defensor del Menor, Centros de Reinserción, Fiscalía de Menores, Centros de Acogida para mujeres y niños víctimas de Violencia de Género... etiquetas todas que sugerían la seguridad y bienestar en los que podríamos vivir, pero que con el paso del tiempo y los efectos devastadores de su existencia, lamentamos haber dejado que nuestros votos hayan permitido al gobierno crear cuevas de Alí Babá con cargo a los presupuestos del Estado y al dolor de muchas personas necesitadas de verdadera ayuda.
Lo políticamente correcto sería decir que nuestros gobernantes se ocupan de crear organismos para todas y cada una de las necesidades del ciudadano, pero es la gran patraña en la que muchos han querido vivir, tildando de fascistas a quienes hemos manifestado desacuerdo. Ahora se lamentan y solo unos pocos, comparado su número con los que defendían la honestidad de nuestros gobernantes, seguimos en la brecha denunciando la gran mentira en la que hemos vivido bajo un gobierno que se llama Partido Socialista Obrero Español.
Lo terrible no es para los adultos, los votantes; lo escandaloso son los menores que sin haberlo votado sufren las consecuencias de los votos irreflexivos y guiados por el talante, de sus mayores.
El Estado tiene poder para separar a los niños de sus padres cuando éstos no tienen medios y recluirlos en un centro atendido por extraños en lugar de ayudar a esos padres para que puedan atender sus necesidades dentro de la familia a la que conocen.
El Estado tiene poder para condenar a un niño a la vergüenza de tener un padre tratado como delincuente por el método de la denuncia falsa. El Estado tiene poder para cambiar el plan de estudio tantas veces como le dé la gana, aunque el precio sea el índice de preparación de nuestros escolares, de los más bajos de Europa, en un país con el mayor número de abandono de la educación elemental y básica, esa etapa indispensable para conseguir que al menor le dé tiempo a extraer el beneficio de una buena lectura.
El Estado tiene poder para aborregar a la sociedad con programas alienantes de telebasura con gran índice de audiencia y publicitar al mismo tiempo todos esos organismos que nos mecen en el sueño de los santos inocentes, hasta que se necesitan sus servicios.
Gran número de familias estarían dispuestas a acoger a esos menores en periodos de necesidad. Otras adoptarían a esos menores necesitados del amor que les pueden dar ellos, sin embargo lo terrible y escandaloso es que muchos menores, que tiene familia y no solo los padres, también tíos, abuelos que les ofrecen acogida, están alejados de todo eso porque el Estado tiene poder.
El Estado tiene poder, pero con la Ley de Violencia de Género las mujeres asesinadas no descienden. El Estado tiene poder para someter al niño a la tortura de un trauma que como a todo nos tienen acostumbrados, le ponen nombre y le llaman SAP para justificarlo, cosificando el dolor y el desconcierto que cualquiera sentiríamos al ver nuestro mundo terminado: en el caso del menor, con la separación de los padres.
El Estado sigue teniendo poder, pero ante el verdadero maltrato de un menor, no votante, seguimos presenciando cómo esos mismos niños son maltratados en el ámbito familiar ignorado por aquellos encargados de la defensa del menor, que se enteran por la prensa de un desgraciado asunto. El Estado tiende sus tentáculos y no evita el maltrato del profesorado y el acoso escolar que conduce a uno de esos menores, para los que crea organismos y figuras que los representan, hasta el suicidio.
Pero el Estado tiene poder para seguir desviando fondos, en su mayor parte, como estamos comprobando, hasta las cuevas de latrocinio y corrupción con nombres tranquilizadores socialmente. El Estado tiene tanto poder, que aunque se descubran estos nidos, las ratas que los regentan, siguen haciéndolo. El Estado tiene tanto poder que en este país nunca pasa nada y los delincuentes adquieren el estatus de intocables, renovándose las mesnadas de estómagos agradecidos en cargos que garanticen su nivel de vida a costa de los Santos Inocentes en los que nos han convertido.
Puede que, como en alguna ocasión ya me ha sucedido, alguno de esos estómagos agradecidos, me escriba una carta exigiendo su publicación en la que me diga que no doy cifras. Publicaré la carta, tienen el mismo derecho que yo para hacerlo con este artículo de opinión.
Respecto a las cifras lo mismo que en otras ocasiones les recomendaré que salgan de sus palacios y bajando a la calle vivan la realidad, el sufrimiento y la crispación de una sociedad que aunque sí conoce el verdadero precio del café, ya no puede tomarlo porque no tiene dinero o los autónomos de la hostelería han dejado de cotizar a la Seguridad Social: el Estado tiene tanto poder que han cerrado su medio de vida.
Los adultos protestamos, nos indignamos y sufrimos pero los niños, los menores inocentes sufren el peor maltrato que se puede infligir a nadie, la ignorancia de su existencia. Eso es lo que se está haciendo con nuestros menores y si el día de mañana, cuando como adultos tengan capacidad de voto nos desprecian, tendrán sobrados motivos para hacerlo porque hemos dado tanto poder al Estado que el sufrimiento de su infancia continuará con la deuda, que nosotros permitimos y ellos tendrán que pagar.
Algunos mayores reaccionan, se unen y forman asociaciones para la defensa del menor, luchan por los derechos de los que ahora no tienen voto y pagan las consecuencias de una sociedad que le permite tanto poder al Estado.
Hoy mis dedos han querido expresar mi reconocimiento por una asociación en defensa del menor, merece la pena leer sus estatutos y reclamaciones, lo que con esfuerzo tratan de conseguir por ellos mismos ya que el Estado, su poder y los organismos con nombre biensonante creados para ello, no hacen.
Se hacen llamar APRODEME, tienen web y correo electrónico (asociaciondefensamenores@gmail.com) disponibles para todo aquel lo necesite, y en su estupendo memorándum de presentación, que puedes leer íntegro pinchando en el enlace, dicen cosas tan de sentido común como ésta:
APRODEME nace con el fin prioritario de defender a las familias afectadas por decisiones de la Administración responsable en materia de Menores. Entre nuestros objetivos destaca:
· Denunciar las actuaciones arbitrarias de la Administración Pública en materia de menores, que confunden desamparo y riesgo, que no dudan en apartar a niños de sus familias antes que darles apoyo.
· Denunciar las actuaciones y los informes basados en suposiciones o pruebas sin fundamento y sin tener en cuenta a la familia extensa.
· Articular medidas de ayuda, apoyo e información a las familias.
· Exigir el respeto a los derechos del menor y de sus familias, sin que el supuesto “interés superior del menor” se convierta en una carta blanca de la administración para la toma de decisiones que se saltan cualquier derecho del menor con actuaciones injustas e injustificadas.
· Colaborar para que la lentitud de determinados trámites y procesos no revierta en daños mayores a los menores.
· Exigir que se acabe con la falta de transparencia, la negación del derecho a la información y la elaboración de expedientes a partir de "una denuncia anónima" o basándose "en sospechas" no probadas.
· Constituirse como Observatorio para asegurar la aplicación correcta de la ley y detectar qué aspectos legislativos pueden ser mejorados. La asociación aporta también apoyo jurídico y psicológico a las familias a través de varios gabinetes profesionales.
APRODEME quiere ser un interlocutor con la administración, uniendo las voces de las familias afectadas, para que se conozca la situación real y mejorar el funcionamiento del sistema, que en la práctica tiene graves disfunciones.
